
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta serias acusaciones derivadas de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo vincula con la filtración de información sobre el caso de presunto fraude fiscal relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según el informe, esta filtración habría ocurrido antes de que el denunciado recibiera formalmente la notificación.
Puntos clave del caso:
- La UCO sostiene que el 12 de marzo de 2024, a las 06:01 horas, la prensa publicó extractos de la denuncia de la Fiscalía, mientras que González Amador fue notificado oficialmente a las 09:23 horas.
- Las comunicaciones internas de la Fiscalía, incluidas conversaciones entre altos fiscales, son citadas como pruebas que implican a la Fiscalía General en la filtración.
- El contenido filtrado incluía datos concretos del informe de Hacienda, como montos defraudados y otros detalles.
Respuesta de la Fiscalía:
La Fiscalía, dirigida por García Ortiz, ha rechazado las acusaciones, alegando que el informe de la UCO no presenta pruebas directas. Argumentan que las conclusiones de la UCO son inferencias que deberían ser competencia exclusiva de los jueces.
Repercusión:
El caso ha generado una fuerte controversia y tensiones entre la Guardia Civil y la Fiscalía, poniendo en el foco la confianza en las instituciones. Esta disputa también ha captado la atención mediática, incrementando el escrutinio sobre la gestión de García Ortiz en su cargo.
¿Qué sigue?
El desarrollo de esta investigación en el Tribunal Supremo será crucial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este caso que podría impactar significativamente el panorama político y judicial en España.
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